Ante la presentación de la ley que faculta a la nueva agencia de recaudaciones de modificar los porcentajes de los impuestos provinciales, nos declaramos en estado de alerta ya que pondría en riesgo la actividad comercial, hotelera, gastronómica, de transporte, entre otras.
Hace años estamos soportando fuertes subas (debido a una alta inflación largamente negada y subvaluada) en impuestos nacionales y comisiones, combustibles, fletes, costos salariales, cinco entidades recaudadoras de derechos intelectuales, etc., y en estos meses subas de tarifas de servicios públicos en general. Como empresarios debemos soportar la suba constante en los costos de la mano de obra que permite el funcionamiento de nuestras empresas.
La cantidad de inscripciones récord en la Afip para acogerse al beneficio de las moratorias por devolución de IVA, aportes patronales, entre otras obligaciones demuestran el alto nivel de endeudamiento del sector mostrando esto que no es falta de voluntad de pago sino imposibilidad de cumplimiento.
A esta situación se suma el intento de sanción de la Ley anti despidos que fue acertadamente vetada por el Gobierno Nacional, la cual ponía en riesgo la subsistencia de nuestras empresas y las fuentes de trabajo. Las altas subas en las facturas de luz y especialmente de gas, de hasta el 2.000%, también atentan contra la continuidad de nuestra actividad económica.
Todas las políticas que se toman a nivel provincial y nacional se cortan por el hilo más delgado que son, en su gran mayoría, PYMES y MICRO PYMES, que dan trabajo al 90% de la mano de obra ocupada del país y quienes no pueden soportar un aumento más. Lo que exigimos es que así como los privados tenemos que ser eficientes en el manejo de nuestras inversiones para poder funcionar y subsistir, el Estado Provincial debe ser eficiente y transparente en el manejo de los dineros públicos, ya que hasta el día de la fecha desconocemos el estado real de las cuentas de la Pcia. de Santa Cruz.
Por todo lo expuesto, es que llamamos a la reflexión a la Gobernadora Alicia Kirchner para que reconsidere esta medida que consideramos recesiva, que afecta al consumo en general y a los sectores productivos tomadores de mano de obra.