En la sede de CAME, el Gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Guillermo Arancibia, realizó una presentación de los contundentes resultados obtenidos contra la litigiosidad laboral en las provincias adheridas a la Ley ART.
Guillermo Arancibia junto al presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y el secretario general, José A. Bereciartúa
Desde la vigencia de esta normativa, aprobada en febrero de 2017, 13 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumaron logrando que se reduzca un promedio del 34 % la industria del juicio. Además, hubo un gran avance en la transparencia de los procesos estatales y se produjo un ahorro por el abaratamiento de las alícuotas que pagan los empleadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) siendo el valor promedio de la alícuota de 2,97% a julio 2018 representando el ahorro para las empresas por $17.600 millones.
En el año 2015 el total de juicios por año ascendía a 120 mil juicios, de los cuales se resolvían solo 40 mil y la judicialidad representaba un 40 % de las alícuotas. En 2018, se estima que la cantidad de juicios estará cerca de los 80 mil.
Algunas de las provincias donde se vieron cambios más contundentes son Córdoba, donde la litigiosidad bajó un 82 %, CABA donde disminuyó un 64 %, y Mendoza, un 47 %. Además, en estos tres ejemplos el promedio de tiempo para la resolución de los casos bajó a 34 días y el cobro de los juicios pasó de 3 años a 5 meses.
Al momento las provincias adheridas a la Ley son Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, Chubut, Misiones y Tucumán se encuentran en vías de adhesión mientras que las restantes aún están en tratativas.
“Necesitamos un sistema amigable con la generación de empleo, porque necesitamos generar empleo. Es nuestra prioridad darle previsibilidad y certeza a los trabajadores y las empresas”, sostuvo Arancibia durante su exposición.
Cabe recordar que entre algunos de los beneficios concretos de la Ley ART se encuentran: celeridad y sencillez en la resolución de los casos, honorarios y gastos producidos durante el proceso a cargo de las respectivas aseguradoras de riesgos de trabajo, y obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa.